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Estudiantes indocumentados en Colorado se han convertido en maestros, enfermeros y empresarios gracias a un programa que les permite pagar matrícula estatal en universidades públicas.
Ahora, el futuro de ese programa — y de otros similares en 23 estados más — está en riesgo después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que busca sancionar a estados y ciudades con políticas consideradas “santuarios”.
La orden, firmada el 28 de abril, señala específicamente los programas que otorgan matrícula estatal a estudiantes indocumentados que se graduaron de preparatoria en ese estado o que cumplen con otros requisitos de residencia.
Permitir que estudiantes no ciudadanos paguen menos que ciudadanos de otros estados representa una forma de discriminación, según la orden, que indica que el fiscal general, en coordinación con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, “identificará y tomará las medidas necesarias para detener la implementación de leyes, reglamentos, políticas y prácticas estatales y locales que favorezcan a extranjeros por encima de ciudadanos estadounidenses de manera ilegal”.
Defensores de estudiantes inmigrantes advierten que, sin matrícula estatal, muchos estudiantes indocumentados no podrían pagar la universidad. No califican para ayuda financiera federal y enfrentan otras barreras para continuar su educación.
“Esto es absolutamente esencial para los estudiantes inmigrantes”, dijo Raquel Lane-Arellano, directora de comunicaciones de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Colorado, organización que luchó por la ley de matrícula estatal en 2013. “No es culpa de estos estudiantes que nuestro sistema migratorio esté roto. Merecen la oportunidad de acceder a niveles superiores de educación, como todos sus compañeros”.
Por ahora, las universidades en Colorado no han hecho cambios inmediatos en sus políticas. “La orden ejecutiva no proporciona suficientes detalles para saber con certeza qué acciones federales se tomarán”, dijo Megan McDermott, portavoz del Departamento de Educación Superior de Colorado.
La orden podría desencadenar una batalla legal sobre los programas de matrícula estatal apoyados por el estado, que organizaciones de derechos de inmigrantes y asesoría universitaria consideran esenciales para que los estudiantes indocumentados accedan a la educación superior y puedan llenar empleos de alta demanda.
Veinticuatro estados —incluidos Colorado, Illinois, Nueva York y Nueva Jersey— y Washington, D.C., tienen programas que permiten a estudiantes indocumentados pagar matrícula estatal. Aunque estos programas han recibido apoyo bipartidista, legisladores republicanos en varios estados han presentado proyectos de ley para revertirlos. La semana pasada, Florida puso fin a su programa, que llevaba una década en vigor.
La orden se suma a un ambiente ya incierto para estudiantes inmigrantes, quienes temen llenar formularios de ayuda financiera por el riesgo de deportación. Natasha Garfield, de la Fundación de Becas de Denver, dijo que su organización continuará brindando información para que los estudiantes puedan decidir si la universidad es adecuada para ellos, especialmente en medio de la incertidumbre provocada por la postura migratoria de Trump.
“Hay quienes están muy, muy preocupados por la situación actual, y no creo que DSF ni nadie pueda tranquilizarlos del todo”, dijo Garfield, directora de becas y ayuda financiera. “Es comprensible dada la actuación de ICE y el gobierno federal”.
La orden es parte del esfuerzo más amplio de Trump por intensificar las medidas contra personas sin autorización legal en el país. Su directiva también incluye sanciones a ciudades y estados santuario. El viernes, la administración presentó una demanda contra Colorado y Denver por sus políticas.
Según la orden, algunos funcionarios estatales y locales “utilizan su autoridad para violar, obstruir y desafiar la aplicación de las leyes migratorias federales. Esto es una insurrección ilegal contra la supremacía de la ley federal”.
Los estados tienen una larga trayectoria otorgando matrícula estatal a jóvenes traídos al país sin estatus legal. Texas y California fueron los primeros en aprobar estas leyes en 2001, y otros estados siguieron. Cada uno tiene requisitos distintos.
Unos 408,000 estudiantes indocumentados se inscriben en educación superior cada año, aunque no todos se benefician de estos programas, según el Portal de inmigración de educación superior. Incluso en estados sin estas leyes, algunas universidades privadas — como en Tennessee — ofrecen matrícula estatal para todos, sin importar estatus migratorio. En Pensilvania, al menos una institución pública otorga matrícula estatal a estudiantes indocumentados.
La ley ASSET de Colorado, actualizada en 2019, requiere que los estudiantes hayan asistido a una escuela secundaria en Colorado durante al menos un año antes de graduarse o hayan vivido en el estado por lo menos un año, para calificar.
La ley de Nueva York exige haber asistido al menos dos años a una escuela secundaria en ese estado, haberse graduado o tener un diploma equivalente, solicitar ingreso a una universidad en un plazo de cinco años, demostrar residencia y firmar una declaración jurada de que solicitarán estatus legal.
Illinois tiene requisitos similares, mientras que Nueva Jersey exige tres años de residencia.
Las organizaciones nacionales FWD.us, TheDream.US y la Alianza de Presidentes por la Educación Superior e Inmigración criticaron la orden. De manera conjunta, señalaron que los estados y universidades no deben reaccionar de forma exagerada y que la orden perjudica a estados que necesitan trabajadores calificados.
“Impedir que los estados ofrezcan matrícula estatal a estudiantes indocumentados que han vivido la mayor parte de sus vidas en estos lugares es cerrarles las puertas a la educación superior, desperdiciar años de inversión educativa, afectar economías locales y privar a todo el país de futuros líderes”, dijo Todd Schulte, presidente de FWD.us.
Los líderes estatales aún están evaluando el impacto de la orden. Un portavoz del gobernador Jared Polis dijo que la administración estatal está revisando los efectos de la medida y reafirmó su compromiso con que Colorado siga siendo un destino para todo tipo de estudiantes.
El estado no ha presentado acciones legales, pero sus líderes han mostrado disposición a oponerse a órdenes de la administración Trump.
El sistema universitario más grande de Colorado tampoco planea hacer cambios. Michele Ames, vocera del Sistema de la Universidad de Colorado, dijo que sus instituciones seguirán cumpliendo con las leyes aplicables y que por ahora no se modificarán sus políticas. Otras universidades, como la Universidad del Norte de Colorado, también están monitoreando la situación.
Las escuelas de todo el estado han declarado que no compartirán información personal de los estudiantes, como el estatus migratorio de quienes estudian bajo el programa ASSET, con el gobierno federal, a menos que exista una orden judicial, en cumplimiento con las leyes federales de privacidad estudiantil.
Traducido por Rossana Longo, Colorado Community Media
Jason Gonzales es un reportero que cubre la educación superior y la legislatura de Colorado. Chalkbeat Colorado se asocia con Open Campus para cubrir la educación superior. Comunícate con Jason por correo electrónico enviando un mensaje a jgonzales@chalkbeat.org.
