Chalkbeat Colorado es un noticiero local sin fines de lucro que informa sobre las escuelas públicas.
Legisladores en Colorado dieron la aprobación inicial a una propuesta de ley que busca limitar la cooperación y distribución de expedientes a agentes federales de control de inmigración, incluyendo en escuelas públicas, colegios comunitarios y universidades, además de centros de cuidados infantiles.
La propuesta legislativa 276 del Senado también aseguraría que las escuelas públicas y universidades tengan normas para limitar el acceso de las autoridades federales a sus edificios. Los agentes federales de control de inmigración solo podrían tener acceso con una orden legal, citación u orden judicial.
Una ley estatal aprobada en 2021 ya prohíbe que las agencias estatales y locales de seguridad pública cooperen y compartan información relacionada con el estatus migratorio de un residente con la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE. UU., a menos que lo obligue la ley federal o estatal. La propuesta legislativa busca ampliar esa disposición a ciudades, condados y escuelas. También prohibiría que los colegios comunitarios y las universidades compartan información sobre el patrocinio de visas.
La propuesta legislativa ya no obligaría a un estudiante que no esté aquí legalmente y solicite pagar colegiaturas como residente del estado a través del programa Advancing Students for a Stronger Tomorrow, o ASSET, a que presente una declaración jurada que diga que solicitará obtener un estatus legal. La estipulación está diseñada para proteger a los estudiantes contra un mayor riesgo de que los deporten.
La propuesta legislativa es una respuesta a la dura postura de la presidencia de Trump ante la inmigración, postura que ha resultado en más redadas, deportaciones y la revocación de visas de estudiantes universitarios. Las acciones han producido temor entre las comunidades inmigrantes. La senadora estatal Julie Gonzales, una demócrata de Denver y patrocinadora de la propuesta legislativa, dijo que la propuesta asegura que los estudiantes y sus familias se sientan seguros yendo a la escuela.
“Hemos observado a la presidencia de Trump lanzando ataques contra los inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio, con mayor frecuencia y con menos y menos consideración por el proceso debido aquí en Colorado”, Gonzales dijo. “No tenemos control sobre lo que ICE haga o no haga, pero sí tenemos control aquí en Colorado sobre lo que nosotros hacemos y no hacemos”.
La propuesta de ley pasó su primera audiencia el martes en el comité de asuntos estatales, veteranos y militares del Senado, con una votación de 3 a 2 de acuerdo con la afiliación política. La propuesta ahora se escuchará en el comité de asignaciones del Senado antes de continuar al Senado en general.
La gran mayoría de quienes hablaron durante la audiencia testificaron a favor de la propuesta legislativa. La propuesta tiene el apoyo de grupos de derechos del inmigrante, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Colorado y varias organizaciones de promoción educativa. Tres grupos se han opuesto a la propuesta, incluyendo el pueblo de Castle Rock, SAFE Colorado y la Asociación de Jefes de Policía de Colorado.
Los patrocinadores legislativos de la propuesta y quienes la respaldan dijeron que es especialmente importante después de que la presidencia de Trump revocara una norma de décadas de antigüedad que limitaba las medidas de control de inmigración en lugares “sensibles” o “protegidos”, como escuelas, hospitales e iglesias.
Recientes redadas en el área de Denver han sembrado temor en comunidades, y estudiantes han dicho que han visto a agentes de inmigración pasar en automóviles por edificios escolares. Eso ha causado que estudiantes se queden en sus hogares y que las familias no vayan a sus citas médicas, según testificaron personas que apoyan la propuesta de ley.
La propuesta también está patrocinada por el senador estatal Mike Weissman, un demócrata de Aurora, y las representantes estatales demócratas Lorena Garcia, del Condado de Adams, y Elizabeth Velasco, de Glenwood Springs. Le costaría al estado menos de $500,000 al año en gastos administrativos adicionales.
Las instituciones de educación superior y las escuelas de kindergarten a 12º grado ya están obligadas a proteger la información de sus estudiantes bajo la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de las Familias, o FERPA (por sus siglas en inglés), la cual prohíbe que se compartan la mayoría de los archivos de los estudiantes. La información solo se puede obtener a través de una orden judicial, orden legal o citación, según la ley de privacidad del estudiante.
Aunque la ley federal ha estado vigente desde 1974, el Centro para la Democracia y Tecnología, una organización independiente dedicada a las libertades civiles, publicó un estudio que dijo que cerca del 17 por ciento de los maestros a nivel nacional dijeron que sus escuelas compartieron información con ICE.
“Estamos en un momento en el que se están erosionando o revocando directamente protecciones históricas fundamentales”, Gonzales dijo. “Es por esa razón que estos salvaguardas para proteger los datos son sumamente importantes”.
La propuesta asegura que las escuelas tengan normas o pautas establecidas para responder a solicitudes que buscan obtener información de estudiantes, Weissman dijo. Por ejemplo, las Escuelas Públicas de Aurora buscaron asesoría después de redadas de inmigración en febrero en su comunidad, dijo.
La propuesta legislativa obligaría a los grupos estatales y locales a que mantuvieran datos de terceros que buscan obtener información personal. Los informes se enviarían a las oficinas del gobernador y del procurador fiscal general. Y permitiría que se impongan multas si trabajadores violan la ley. Empleados podrían enfrentar una multa civil de $50,000, y este dinero se guardaría en el Fondo de Colorado para la Defensa Legal de Inmigración.
Tony Byrd, superintendente del Distrito Escolar de Summit, quien apoya la propuesta legislativa, dijo que la propuesta aborda las inquietudes de las comunidades y proporciona pautas claras.
“Esta propuesta de ley fomentará la confianza en nuestra comunidad”, Byrd dijo. “Cuando las familias se sienten seguras, es más probable que interactúen con nuestras escuelas”.
Traducido por Alejandra X. Castañeda
Jason Gonzales es un reportero que cubre la educación superior y la legislatura de Colorado. Chalkbeat Colorado se asocia con Open Campus para cubrir la educación superior. Comunícate con Jason por correo electrónico enviando un mensaje a jgonzales@chalkbeat.org.
